martes, 8 de octubre de 2013

Rosalba y la cultura de la ilegalidad


Jaime F. Pérez Uscanga | Cd. Mante, Tamaulipas, México



Rosalba de la Cruz Requena es diputada federal. Forma parte de uno de los tres poderes de la Nación, lo cual no es cualquier cosa. Pero no respeta la legalidad y todo parece indicar que ya le encontró algún gusto a la impunidad de que goza.

El caso es que, desde que inició con su encomienda, abrió en El Mante una oficina de gestoría desde la cual se supone que recibe y canaliza las peticiones de apoyo, gestión o intermediación entre la ciudadanía y el poder legislativo federal y/o las distintas dependencias que integran la estructura gubernamental. Hasta ahí, las cosas van bien.

El problema es que la oficina que instaló Rosalba está ubicadas en la sede municipal de su partido, el PRI, lo cual resulta ilegítimo, si no es que, eventualmente, en la comisión de algún delito. No sé si sea por ignorancia, por comodidad, por “ahorrarse” el dinero que la cámara de diputados le entrega para cubrir algunos gastos derivados del desempeño de su cargo o, simplemente, porque “le vale”, pero el caso, pese a que ya ha sido ventilado públicamente, es que ella sigue ahí, despachando en el PRI y haciendo a nombre del PRI, asuntos pagados con dineros públicos.

Rosalba, desde el primer día, debió instalar una oficina de gestoría abierta a toda la ciudadanía, sin que en ella luzcan logotipos partidistas. Se trata de la representación de una institución del más alto nivel de la Nación. No de una ocurrencia electorera.

Como muestra, un botón: Justo enfrente del edificio sede del comité municipal del PRI, se ubica la que fue, durante treinta y tres meses, la oficina de gestoría del diputado local, Rigoberto Rodríguez Rangel. El costo derivado de la operación de esta oficina se pagó con el recurso económico que el legislador recibió para tal efecto del Congreso del Estado. Ahí podía acudir, libremente, cualquier ciudadano sin importar su filia partidista y los actos que ahí se realizaban no llevaban el sello de ningún partido.

Habrá que esperar a que el nuevo dirigente del comité municipal del PRI, quien fuere, imponga el orden e instruya a la legisladora para que mude su oficina de gestoría a una sede distinta a la del partido. Los ordenamientos legales no son ligas que se puedan estirar o aflojar de acuerdo al gusto o a los intereses de cada persona. Las leyes deben ser cumplidas. Más por quienes representan al mismísimo Estado mexicano.

Rosalba así lo protestó y debe cumplir.


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